LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD HUMANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: CÓMO LE VA A MUJERES, NIÑOS/AS E INMIGRANTES

Apuntes para el Seminario Virtual “Reflexionando en época de pandemia sobre gestión de la seguridad humana desde lo local” llevado a cabo el 23 de junio.

La Seguridad Humana es un marco comprensivo amplio, vinculada fuertemente al concepto de desarrollo humano que se centra en el enfoque de capacidades. Este enfoque poco ponderado en el campo sociológico propone que el desarrollo tiene que ver con las cosas que las personas pueden realmente hacer o ser, mediante sus capacidades entendidas como las oportunidades para elegir y llevar una u otra clase de vida, lo que en otros términos conocemos como agencia.   

El enfoque de capacidades promovido principalmente por Amartya Sen y Martha Nussbaum, enfatiza la importancia de la libertad de elección, la heterogeneidad individual y la naturaleza multidimensional del bienestar dimensiones centrales para comprender el verdadero efecto de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos. Puesto que, no solo está en juego el acceso a recursos básicos como la comida, sino también las capacidades individuales y colectivas para poder construir los proyectos vitales que deseamos.   

La pandemia exacerba las diferencias, las desigualdades y las condiciones de inequidad, si bien es posible construir un relato común “todos nos vemos afectado”, no todos nos vemos afectados de la misma forma.

La restricción de las libertades producto de la pandemia (de movimiento, de recreación, de socialización) y el imperativo del miedo y la desconfianza, como fundamento del actuar colectivo, están produciendo un retroceso social y cultural sin precedentes, que limita el actuar y la reivindicación de diversos grupos y colectivos. ¿Cómo estamos midiendo esto? ¿cuál será el alcance de esta crisis en término de expresión de libertades? O tenemos que asumir que viviremos una sociedad de la vigilancia y la sospecha.    

En este status quo, donde no hay mayores resistencias, se materializan discursos hegemónicos fuertemente arraigados en nuestra cultura: como el patriarcado y el adultocentrismo, que de alguna forma socaban el bienestar de ciertos grupos. Pero lo más grave es que la política pública pareciera no ser consciente o no querer ser consciente der esto, reproduciendo soluciones universales sin considerar la heterogeneidad y las capacidades de las personas. Por ejemplo, llega tarde con la asistencia de una canasta familiar, homogénea para toda la población, en vez de transferir los recursos a las familias y que estás puedan elegir y determinar cómo cubrir sus necesidades. Se trastoca en cierto sentido la dignidad de las personas. Mientras el sistema expresa la máxima libertad, flexibilidad y autonomía para los privilegiados, diseña respuestas mínimas y homogéneas para los excluidos. 

Me parece imperioso que esto cambien y que podamos llegar con acciones diferenciadas al menos para aquellos grupos especialmente vulnerables, pienso por ejemplo en las mujeres, los niños, los inmigrantes. Intentaré hablar brevemente de los desafíos que esta crisis supone para cada uno de ellos. 

En el caso de las mujeres la doble jornada, la productiva y la reproductiva, que siempre ha estado presente se hace más evidente que nunca, en esta crisis las mujeres asumen la invisibilizada economía del cuidado, y el sistema descansa sobre este hecho, sin que medie ningún reconocimiento. Por otra parte, se adicionan otras funciones como ser co-educadoras en los procesos de aprendizajes de sus hijos o el cuidado de los adultos mayores de la familia.

Las condiciones de encierro limitan el acceso a ciertos servicios necesarios lo que representa en el caso de la mujer un doble riesgo. Uno vinculado a la atención médica, muchas al no poder ir al consultorio han tenido que suspender tratamientos médicos, que podría incidir en la agudización de ciertas enfermedades crónicas, y por otra parte se ha suspendido la salud reproductiva, lo que podría significar un incremento de embarazos no deseados, de abortos, y exposición a enfermedades de trasmisión sexual, lo que afecta directamente su capacidad y derechos para planificar sus familias y proteger sus cuerpos y su salud.

Por otra parte, quienes viven con hombres violentos o adictos, estás mucho más expuestas a ser víctimas de agresión y maltrato, puesto que el contexto y el hacinamiento facilita o incrementa momentos de tensión, además de la inhibición o corte con las redes de apoyo, y el correcto funcionamiento de programas de protección. Lo que hace que estemos en un contexto extremadamente delicado donde claramente no estamos llegando con los dispositivos preventivos adecuados.        

Quisiera tan sólo compartir algunas cifras vinculadas a estas dos problemáticas ellas provienen de datos del FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) reportados el 27 de abril del 2020

La repercusión de la COVID-19 en la eliminación de la necesidad insatisfecha de planificación familiar

● Por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos.

● Si el confinamiento se prolonga durante 6 meses, se prevén 7 millones más de embarazos no planeados.

La repercusión de la COVID-19 en la eliminación de la violencia de género

●Es probable que la pandemia de COVID-19 reduzca en un tercio los avances alcanzados en aras de poner fin a la violencia de género para 2030.

● Se espera que, por cada 3 meses de confinamiento, haya 15 millones de casos adicionales de violencia de género.

En Chile no tenemos datos actualizados a la fecha sobre ambos fenómenos. Pero el panorama no está siendo alentador, durante marzo Providencia reportó un aumento del 500% en llamadas de atención por violencia intrafamiliar. Por su parte, el Ministerio de la Mujer durante marzo recibió un 40% más de llamados al 1455 que en febrero del mismo año. Y carabineros reportó durante el mismo mes una disminución de 14% de denuncias por violencia intrafamiliar, pero un aumento del 20% en llamados efectuados por violencia intrafamiliar. En conclusión, tenemos una baja en las denuncias pero un aumento en los llamados de ayuda lo que implica activar una red de protección donde el primer llamado es solo una de las acciones que se deben llevar a cabo.  

La situación de niños, niñas y adolescente no es mucho mejor. Todos los marcos de acción para la contención de la pandemia se han pensado desde y por los adultos. Los niños no sólo deben ser informados y comprender lo que está sucediendo, sino también ser partícipes de las decisiones que los afectan, a través de estrategias y programas diferenciados de atención que hoy brillan por su ausencia.

El confinamiento no tiene la misma impronta para adultos, para niños y para adolescentes, los recursos cognitivos y emocionales para manejar y expresar sus aprensiones y angustias no son las mimas. Por otra parte, la impronta neuronal del encierro, sobre todo para quienes viven en condiciones de hacinamiento y violencia, tienen un impacto mucho más prologado en niños y adolescentes, lo que implica el diseño de programas y estudios de panel, que permitan garantizar un acompañamiento integral y de largo aliento, opuesto a las lógicas anuales presupuestarias de mucho de los programas que atienden a la infancia.   

La suspensión nacional de las clases, defendida transversalmente por el espectro político, supone la continuidad de estudio para algunos y un paréntesis educativo para otros. Y aunque desde una perspectiva sanitaria es una decisión inevitable y sensata, hay que monitorear muy bien sus consecuencias, y reemplazar la aplicación de pruebas parametrizadas centradas en el rendimiento educativo, por una discusión basal sobre los graves desafíos del sistema educativo, como la educación digital, el acompañamiento parental, el acondicionamiento físico de los establecimientos escolares y el soporte emocional que estos brindan.

Si nos basamos en el enfoque del curso de la vida, podemos sostener que la pandemia a adelantado la transición hacia la deserción escolar de muchos niños, niñas y adolescente que ya presentaban ciertos niveles de ausentismo, como lo ha admitido con preocupación UNICEF. Y para otros, ha significado un verdadero punto de inflexión o “turning poit”, al cambiar repentinamente sus trayectorias vitales, por la muerte directa de un familiar, una experiencia sostenida de abuso, o el deterior de la salud mental en el caso de muchos adolescentes.

El problema mayor es que no se ve un plan de contención serio para estos problemas en el futuro, ya que por ejemplo en nuestro país no cuenta con una oferta de escuelas de segunda chance, que puedan ofrecer una continuidad de estudio.

Un problema aún más grave está siendo la mayor exposición a la violencia y al abuso con la que deben convivir miles de niños/as, que más encima están imposibilidad de salir y recurrir a redes de apoyo. Si ya existía dificultad para la detección y tratamiento de la violencia infantil, ahora con escasa visibilidad de las dinámicas al interior de los hogares es de esperar un panorama desalentador.    

Ya en el 2017, según datos de la 3era Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, el 62,5% de las y los niños de 1 a 12 años habían sido víctima de algún tipo de maltrato violento, psicológico y/o físico como método de disciplina por parte de sus cuidadores. Esta cifra podría alcanzar magnitudes nunca antes registradas producto del confinamiento, dada su incidencia en el stress psicológico, que gatilla una serie de neurotransmisores que nos hacen más propensos a la irritación y la violencia.

Finalmente tenemos la delicada situación de los NNA que viven en residencia o bajo la tutela del Estado en los diferentes centros del SENAME, institución que como sabemos se encuentra en una profunda crisis antes de la pandemia.

El 9 de junio se confirmó la primera muerte de un menor dentro de las dependencias del SENAME, y aunque este es un dato alentador, dado el complejo historial médico de muchos de los NNA residentes en SENAME, no existe de momento un estudio integral que permitan vislumbrar los efectos de la pandemia al interior de las residenciales.

Pero será difícil esperar resultados positivos puesto que, por ejemplo, en un instructivo institucional fechado el 2 de mayo queda estipulado “la suspensión total de las visitas presenciales de familiares o referentes significativos”. También el documento muestra cómo existen otra serie de restricciones respecto a las horas y forma de trabajo con los educadores, el ingreso de objeto a las residenciales y la restricción de salidas, lo que debe estar causando un retroceso significativo en los procesos terapéuticos. Pero lógicamente estas problemáticas están pasando desapercibidas porque se trata de una infancia de la que no nos queremos hacer cargo. 

Finalmente nos encontramos con la realidad de los inmigrantes, que en Chile llegaba a 1.492.522 personas, como uno de los grupo más afectado ante esta crisis global, lo que en términos conceptuales resulta un tanto paradójico pues esta representa la expresión más clara de un mundo globalizado. Aceptamos la migración como motor de nuestras economía informal y precaria, pero nos resistimos a brindar las condiciones de cuidado mínimos para garantizar su bienestar y derechos.

La seguridad humana parte del supuesto básico, de que la condición de humanidad debería bastar para merecer la protección de los Estados y garantizar las condiciones mínimas de bienestar. No puede ser que el mismo Ex Ministro de Salud señale que a pesar de que hemos tenido amenazas de brotes en ciertas comunidades, no hemos podido alcanzarlos para que se hagan el examen de PCR. ¿Por qué?, porque ellos dicen “si me identifican, me van a extraditar del país[1]”. El derecho a la vida debe estar por sobre cualquier situación jurídica.

La pandemia ha intensificado aún más el racismo y con ello los discursos de odio y animosidad ante una población migrante altamente vulnerable, aun cuando este grupo no ha sido el responsable de la introducción y rápida reproducción del virus en el país. Por el contrario, han sido de momentos las principales víctimas productos de las precarias condiciones de vivienda, laborales o de salud.

Se debe que considerar que la gran mayoría de inmigrantes en nuestro país, no cuentan con una red de apoyo o estructura familiar que les brinde ayuda durante su período de encierro, situación que les impide acceder a elementos básicos de higiene y aseo, elementales para poder capear las nefastas consecuencias del coronavirus. 

Episodios de violencia, en sus múltiples formas, contra estos grupos representan un gran desafío para la seguridad humana trasnacional, dada la compleja trama de relaciones económicas, emocionales y afectivas que mantienen los inmigrantes con sus países de orígenes. El cierre de las fronteras no solo ha provocado que miles de migrantes tengan que dormir en alberges o campamentos improvisados, sino que también un cambio brusco en sus trayectorias vitales con consecuencias de largo aliento.

Es fundamental avanzar hacia una política de reconocimiento, primero en términos jurídicos, a través de una regularización efectiva, que les permita contar con documento de identidad para asegurar derechos tan básicos como poder solicitar en esta etapa de cuarentena, un permiso para ir al supermercado u otras necesidades.  

A su vez un reconocimiento en cuanto a su dignidad humana y el aporte que de su presencia nuestra cultura y economía.

Las reflexiones que podemos sacar al analizar la realidad de estos tres grupos no son muy alentadoras pero si necesarias para pensar seriamente una política pública orientada a la Seguridad Humana. Me quedaría con tres ideas:

-No tenemos indicadores actualizados sobre estas temáticas lo que hace que la política pública actúe indistintamente y con un significativo retraso.

-Los gobiernos locales tienen iniciativas pero carecen con los recursos para llevar a cabo mucho de las atenciones necesarias.

-El problema de la pandemia no se soluciona con medidas estandarizadas, hay que promover soluciones locales arraigadas en las capacidades de estos grupos vulnerables, para encontrar junto a ello soluciones a los impactos de esta pandemia. 


[1] Cuenta Pública, Jaime Mañalich, 17 de abril, 2020.

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