22 de Junio, 2020, Sin Publicar
La percepción, comprensión y administración de la realidad dependen de las facultades mentales que dispongamos, una alteración por leve que esta sea a nivel cerebral o de nuestro sistema neuroendocrino, puede ser decisiva a la hora de la planificación y realización de ciertas funciones ejecutivas, de nuestra capacidad de vincularnos con los demás, integrarnos socialmente y en último término, alcanzar una vida armónica y plena.
Los grupos e instituciones sociales, si bien no tienen facultades psíquicas y mucho menos un sustrato biológico, también necesitan ciertas facultades para leer la realidad y actuar en ella. Por eso hablamos de niveles de aprendizaje organizacional, comportamiento organizacional, facultades de comunicación organizacional, entre otras. Sería válido, por tanto, indagar en la “facultades perceptivas” de nuestras instituciones públicas, en especial, de nuestra élite gobernante, que tienen la responsabilidad de liderar la búsqueda de soluciones que permitan atenuar las consecuencias de la violencia estructural y el malestar social que ha afectado a millones de ciudadanos producto de años de abusos, privilegios, e inequidades, y que hoy se reflejan a partir de esta triple crisis (social, económica y sanitaria).
Las mediáticas rencillas políticas, por una parte, que solo aportan a abanderarse en posiciones de superioridad moral que nos alejan de los grandes acuerdos nacionales que necesitamos, se intercalan con acuerdos subterfugios para conseguir, por ejemplo, un veto supresivo a la ley que inhabilita a alcaldes y congresistas a la reelección, argumentando que no es justo cambiar las reglas del juego porque quedan tan solo ocho meses para las votaciones. Lo que constituye, a toda vista, una violencia a los ojos de quienes en cosa de semanas han visto destruidas sus fuentes de trabajo y proyectos vitales productos de la crisis.
¿Dónde está el límite entre los sesgos cognitivos propios del ejercicio del poder y una esquizofrenia institucional[1], traducida en una fractura con la realidad, complejos de persecución y momentos prolongados de desconexión? Debemos indagar si se trata de parálisis transitoria producto de la compleja crisis que les ha tocado gestionar o realmente estamos ante una incapacidad a la base para poder comprender con profundidad y empatía el mundo de la vida de las personas que viven en situación de exclusión y vulneración.
Me temo, que el diagnóstico puede ser más desalentador de lo que se puede ver a simple vista, y que el daño de una política del cálculo, el privilegio, y el corporativismo ha calado tan hondo, que aun cuando más evidentes y manifiestas estén las necesidades ciudadanas y colectivas la clase política no logre comprometerse con ellas. La legalidad no es el parámetro de lo ético y la adulación y la ofensa no es el hablar sincero que necesitamos para repensar todo, por poner sólo dos ejemplos tan evidentes para gran parte de los ciudadanos, pero tan complejos de asumir para nuestra dirigencia política.
Esto nos pone ante el permanente riesgo de que el remedio sea peor que la solución, pero si hay un daño a la base, urge cuanto antes explorar con humanidad y lucidez nuevas formas de hacer política. De momento no queda otra que asumir aquella máxima que invita a “actuar con el estado, contra el estado y a pesar del estado”. Aunque siempre resistiendo a asumir posiciones y acciones reductoras de la dignidad, diversidad y libertad humana, porque como solía referir el sabio Tolstoi no se puede combatir el mal con el mal.
[1] Recalco institucional para hacer ver que no se trata de un juicio a las facultades cognitivas o personales de quienes están en política, aun cuando tal vez en algunos casos el diagnóstico pueda ser válido para ambos niveles.
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