El siguiente texto fue parte de mi intervención en el Webinar: «Importancia y Herramientas necesarias para el diálogo en contextos de privación de libertad»
Hace 75 año se proclamó La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) uno de los documentos vivos más relevantes para garantizar la libertad y la igualdad humana, y la protección universal de los derechos de todas las personas sin distinción de raza, edad, género, procedencia.
Declaración que nace como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” que el mundo vivió después de ambas guerras. Sin embargo, esta consciencia no ha sido suficiente para frenar la barbarie de la guerra, (actualmente hay más de 8 conflictos armados en el planeta) y las fatales consecuencias del abuso y la violencia.
Por eso hoy en día es fundamental volver a mirar los principios y fundamentos de esta declaración y su potencial transformador ante los conflictos globales que hoy nos amenazan. Pensemos por ejemplo en los riesgos que supone la crisis ambiental y su amenaza real de extinción de masiva y daño irremediable de nuestro ecosistema. O la proliferación de la industria armamentista, que no se restringe solamente armas nucleares o atómicas, sino a un mercado prolífero de pequeñas armas en nuestros barrios. O en la propia desigualdad social que día a día tensiona y fractura los sistemas urbanos y margina a millones de personas de las condiciones mínimas de desarrollo.
Ante estas amenazas permanentes y generalizadas como se han descrito desde el enfoque de la Seguridad Humana. Podemos reaccionar fragmentadamente, reproduciendo criterios de dominación o exclusión o podemos actuar colaborativamente consolidando una agenda centrada en la integración, la paz y la promoción de los derechos humanos.
Hoy en pleno siglo XXI sigue siendo más atractiva y sagaz el lenguaje y los códigos de las violencias, que las narrativas de paz. “La épica de la guerra no puede ser reemplazada con la planicie de la paz” decía A. Barrico, por eso hay que construcciones nuevas narrativas de paz.
Es en este proceso donde el derecho internacional, y en especial, el derecho internacional de los Derechos Humanos puede jugar un rol importante, por una parte, al recomendar a los estados naciones a mirar y contribuir a soluciones globales (responsabilidades trasnacionales) y por otra, a instalar garantías de trato digno y humanitario a todas las personas, más allá de su condición particular de ciudadano, proponiendo la idea de una ciudadanía global (Nigel Dower).
El Derecho internacional de los derechos humanos nos invita a asumir una ética global y nos recuerda permanentemente la responsabilidad de los agentes de estados como garantes de la dignidad humana. La dificultad y la gracia radica en que mucho de estas declaraciones, tratados y convenciones no pueden ni deben ser impuestas, sino que, promovidas a través de un proceso de educación, perspectiva y diálogo, que en esencia parte de la necesidad de reconocer la dignidad en la vida del otro y su interrelación con nosotros. El hecho de que cada vida merece ser llorada como dirá Butler, recordándonos que “Una vida que no es merecedora de ser llorada es una vida que no puede ser objeto de duelo porque nunca ha vivido, es decir, nunca ha contado como una vida en realidad” (J. Butler. 2009)
Por eso no basta con una supra vigilancia de los organismos internacionales y órganos de estado, sino que es necesario un avance hacia la instalación de una cultura de respeto de los derechos humanos, que se basa principalmente en construir una esfera compartida del nosotros.
Aquí es donde juega un rol clave el lenguaje y su capacidad de traer consigo las vivencias, es decir, de poder compartir lo que nos pasa, el cómo nos sentimos, lo que anhelamos, lo que nos duele, etc. El diálogo es posiblemente una de las herramientas más eficaces de prevención del abuso y la violencia, porque permite romper los circuitos impunidad y el menoscabo. El diálogo nos transforma en agentes activos de derechos y no en meros receptores.
Esto es especialmente importante en los recintos de privación de libertad y de custodia, donde el Estado despliega y ejerce su poder y dominio, facilitándose la exclusión de sus residentes y la factura con sus vínculos y entornos, lo que ha sido agravado por las restricciones sanitarias de la pandemia. Y por diferentes medios sociales que se empeñan en invisibilizar a las personas en custodia, negándoles expresiones mínimas de derecho, como su participación electoral, su autodeterminación sobre su sexualidad y planificación familiar, la administración de sus recursos, etc.
Devolverles la palabra a las personas privadas de libertad es tal vez el primer paso para la construcción de una cultura del consentimiento, donde se puedan establecer democráticamente salvaguardas que impidan la comisión de tortura y de cualquier forma de malos tratos. Entablar procesos de diálogo en los recintos de privación de libertad, en los que converjan autoridades, personal de custodia, comunidad y privados de libertad, podría ser una herramienta clave para avanzar en una cultural del buen trato y en mecanismos de resolución pacífica de conflictos.
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